Convocatoria para comisionado del ITEI- mi experiencia y reflexión.

Ayer en el Congreso de Jalisco se eligieron comisionado propietario y suplente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), después de un proceso iniciado el 29 de mayo con la aprobación de la convocatoria.

 

35 diputados presentes, y un aura de satisfacción por la pulcritud con la que se había desarrollado cada etapa de la convocatoria. Inició la sesión a la 1:30 p.m. aproximadamente y, después de recesos, se concluyó con la designación y toma de protesta después de las 8:30 p.m.

 

Es justo felicitar y agradecer a quienes integran el Consejo Consultivo del ITEI, por su trabajo, su tiempo dedicado al proceso -que no es pagado- y su empeño en que las acciones que a ellos correspondían se realizaran de la manera más transparente. Publicaron las convocatorias a las sesiones y transmitieron en vivo sus actividades y procesos de deliberación. 

 

Reconozco el conocimiento teórico y práctico que del tema tienen Natalia, Olga, Claudia, Mayra, Constanza, Juan Carlos, Eduardo, Miguel y Julio. Sé que en algunos casos el resultado del examen no demuestra el gran bagaje y gusto que tienen por el Derecho a la Información.

 

Fue designado como comisionado propietario por cinco años Salvador Romero, actual comisionado del ITEI. Considero que no hay duda de su conocimiento en el tema y de su capacidad, y eso es bueno. 

Fui designada comisionada suplente y aun no rindo protesta, supongo que será en la siguiente sesión ordinaria.

 

Como en todo proceso considero que hay varios puntos para el análisis, la reflexión y la puesta en práctica en futuras ocasiones.

 

Respecto a la convocatoria. 

 

Sobre los requisitos de elegibilidad y los documentos para comprobarlos, un tema causó duda al Consejo Consultivo, fue el relativo a tener título profesional registrado en la dependencia estatal en materia de profesiones y su acreditación con “copia certificada de la cédula profesional estatal o copia certificada de su título profesional por ambos lados en el que conste el registro correspondiente”. El Consejo debatió el porqué no se permitía la cédula federal y cuál era la dependencia donde el título debía estar registrado, si en Profesiones del Estado, o en la SEP o en la UdG, en su caso. Un tema a aclarar en siguientes convocatorias.

 

Otro requisito es “haber desempeñado tareas sociales, profesionales, académicas, empresariales o culturales, que denoten compromiso y conocimiento en materia de acceso a la información pública”; y esto se acreditaba con al menos dos cartas en original o impresión del documento digitalizado emitidas por organizaciones diversas. En convocatorias anteriores al 2016 se solicitaba presentar constancias de actividades realizadas, y no solamente una carta; creo que algo con lo que se comprueba compromiso en el tema es el haber realizado actividades previas, ya que una carta puede ser expedida por cualquier institución y generalmente nadie se da a la tarea de comprobar su autenticidad, aun cuando en la misma convocatoria se establece que pueden ser verificadas.

 

Según el numeral 4 de la base segunda de la convocatoria, la Comisión de Participación Ciudadana tenía la facultad de solicitar a las autoridades o instituciones informes para verificar o aclarar la información de la documentación entregada por los aspirantes, sin embargo, no se ejerció esa facultad y no se verificó la autenticidad de las cartas firmadas y declaración bajo protesta de decir verdad de que los participantes no se encontraban en ninguno de los impedimentos señalados en la ley.

 

Además, considero que al diseñar la convocatoria sería más conveniente determinar en sus bases el temario general para el examen, aun cuando después los académicos convocados por el Consejo Consultivo proporcionen referencias de normatividad, libros y documentos para mayor enfoque de las personas participantes. Esto daría la posibilidad de tomar una decisión más informada sobre si registrarse o no a la convocatoria, analizando el conocimiento de los temas o el tiempo y la posibilidad de prepararse a fondo para el examen. 

 

Así se evitaría la sorpresa de que una semana antes del examen te informen que este versa sobre 41 temas, para los que debes conocer 34 normas y 32 documentos de consulta, entre los que se encuentran libros de 600 páginas o alguno que no está disponible en versión electrónica (un participante comentó que, preocupado por conocer el contenido del libro, lo compró en línea y le fue enviado vía paquetería días después del examen). Eso significaría que, ante la perspectiva de que nos preguntaran sobre cualquiera de los documentos, en una semana debimos haber leído las más de 2 mil páginas que nos dieron como referencia. Una imposibilidad real.

 

Sobre el examen

Ante tal cantidad de documentos para estudio, algunos participantes nos enfocamos en el repaso de la legislación y la doctrina jurídica considerada esencial. Comentamos al finalizar el examen que no consideramos la posibilidad de que se hicieran preguntas específicas sobre el pensamiento u opinión de algunos de los autores de los artículos de referencia; ya que no son textos académicos señalados como de consulta general, sino una investigación y opinión -buena y válida-, pero al fin un estudio de un académico más como los hay muchos. 

Fue el caso de las preguntas 47 “¿Cuál es la hipótesis que guía la reflexión de Flores Pacheco en la lectura "Comentario al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)"?”; 48. “En el análisis que realiza Flores Pacheco en la lectura "Comentario al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales" (CNPP) ¿por qué considera que el artículo 218 no permite la aplicación de la prueba de daño?”; y 50. “Para Cervantes Pérez, en el texto "La prueba de daño a la luz del principio de proporcionalidad" (2018), ¿qué permite realizar la metodología para elaborar la prueba de daño adecuada a los elementos que propone?” Ciertamente estas preguntas pudieron hacer la diferencia en la calificación de algunos que se quedaron con un puntaje de 76 o 78.

Algo que puede parecer intrascendente, pero causó ruido en redes sociales, fue el caso de la clave otorgada para publicar la calificación del examen. Fue evidente que solo se cambiaron las letras iniciales y dieron el número en el orden de registro, por lo cual no se cumplió el objetivo que era la confidencialidad inicial de la calificación. Situación que, por otro lado, no sé si deba permanecer, ya que considero es mejor transparentar las calificaciones desde el inicio.

 

Sobre el proceso 

 

Envié a las diputadas y diputados mi currículum y carta intención, vía correo electrónico, con la finalidad de que conocieran mi perfil y pedirles, si lo consideraban necesario, una cita para conversar. El diputado Quirino Velázquez me contestó que revisaría los documentos y que ante la contingencia de salud no era conveniente tener entrevista presencial, lo cual es comprensible. La diputada Sofía García me contestó y tuvimos una charla vía videoconferencia. A ellos les agradezco su interés. Me habría gustado recibir más correos de respuesta.

Además, creo que debió establecerse una entrevista pública con los diputados para presentar nuestras propuestas y que ellos se dieran la oportunidad de conocernos, cuestionarnos y así la sociedad tuviera más elementos para valorar la decisión.

 

La decisión

 

Por cédula depositada en urna, los diputados eligen a quien será designado. Cambiar esta forma de elección es un reclamo social que cobra cada vez más fuerza. Coincido en que es necesario y urgente que la votación sea transparente y se pueda pedir a los diputados dar razón de su decisión, elemento esencial de la rendición de cuentas. Veremos qué ocurre con el tiempo.

 

Es necesario se aclaren los puntos que se han señalado públicamente como controvertidos en esta designación. La pregunta esencial es a quién corresponde la interpretación de la ley y de lo establecido en la convocatoria, ¿al ITEI, a la Comisión de Participación Ciudadana o al Pleno del Congreso? 

 

¿Se considera que se está dentro de lo establecido en la Ley General de Transparencia referente a que el cargo debe ser por no más de 7 años? 

 

¿El ser integrante del Pleno del ITEI y este ser el órgano de gobierno de un ente público entra en el supuesto establecido en la ley como impedimento?

 

¿Un comisionado suplente debería renunciar a su suplencia para poder participar en una nueva convocatoria? 

 

¿Debería establecerse en la ley como impedimento para ser comisionado estar afiliado a un partido político?

 

¿A quién le corresponde aclarar estas dudas?

Considero que, en general, ha sido un buen proceso, en tiempos breves, con buena intervención de sociedad, sectores académicos y empresariales, y eso es una gran ventaja en la vida democrática de Jalisco. Como en todo proceso es importante hacer un análisis, autocrítica y que el resultado de estas reflexiones abone al correcto desarrollo de las siguientes convocatorias.

Y en lo personal...

Una amiga me dijo que no hay mejor camino para impulsar que más mujeres estemos en los espacios de decisión que participando, insistiendo y persistiendo. Con ese anhelo es que haber participado en esta convocatoria me deja una gran satisfacción, y más, consciente de la relevancia que tiene el ITEI para la salvaguarda de derechos de la sociedad y para la consolidación del estado de derecho. Me quedo, además, con un profundo agradecimiento a tantas personas que me animaron a participar, me apoyaron y  estuvieron pendientes del proceso.

 

Guadalupe Plascencia.